¿Qué sucede con la actual reforma agraria?
Por fin se va a hacer una reforma agraria en Colombia, afirma el presidente Gustavo Petro, situación que también el mismo mandatario colombiano ha catalogada como histórica, pero ¿Qué tan contraproducente puede ser? Vamos a revisar.
A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Colombia Gustavo Petro dio la noticia de los acuerdos que había llegado con el presidente de FEDEGAN (Federación de ganaderos) José Félix Lafaurie, para avanzar en la implementación de una reforma agraria, cuya base está en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.
El objetivo que buscaba la antigua organización guerrillera era procurar solucionar uno de los problemas trascendentales y de mayor importancia e impacto en la historia de Colombia, la tenencia de la tierra. La tenencia de la tierra ha sido y es origen de múltiples escenarios y focos de violencia, en donde las víctimas son siempre la parte más desposeída y desfavorecida de la sociedad, en favor de la clase capitalista terrateniente y burguesa.
Durante años, los medios de comunicación llenaron de mentiras a las colombianas y colombianos con la idea de que el fenómeno del desplazamiento interno en Colombia (el segundo más grande del mundo) se daba única y exclusivamente por la existencia de las guerrillas y que eran estas las causantes de que miles de familias abandonaran sus tierras, sin embargo, producto y gracias al proceso de paz con la guerrilla de las FARC se permitieron adelantar procesos judiciales y de investigación del conflicto armado interno colombiano que arrojaron resultados muy diferentes a lo que los medios y políticos habían estado afirmando durante décadas. Las tierras despojadas a campesinos de forma violenta terminaban a parar en manos de terratenientes, ganaderos y multinacionales que, a su vez, eran financiadores de organizaciones paramilitares, quienes en su ejercicio violento se encargaban de desplazar, torturar y masacrar poblados enteros en complicidad con las autoridades estatales, civiles y militares.
Teniendo en cuenta a la comisión de la verdad, estamento que se ha encargado de reunir información, testimonios y relatos de víctimas y victimarios del conflicto para la construcción de la verdad, podemos saber que aproximadamente 8 millones de hectáreas de tierra han sido despojadas de forma violenta, y además de eso, estadísticamente sabemos que el porcentaje de tenencia de la tierra es absurdo, en Colombia, tan solo 0,4% de la población posee el 46% de la tierra en todo el territorio nacional, cifras que no pueden ser por ninguna razón algo normal o aceptable.
Aparte de las cifras ya revisadas, es importante analizar un par de datos más que nos ayudarán a entender la situación en Colombia. De los 11,3 millones de hectáreas que son aptas para el desarrollo de la agricultura en el país, tan solo 3,9 millones son usadas para ese fin, en contraposición, para el ejercicio de ganadería se estima una cantidad de 8 millones de hectáreas aptas para ello, pero se utilizan unos abismales 38 millones de hectáreas, lo que equivale al 30% de todo el territorio nacional, algo completamente ilógico, más si tenemos en cuenta quienes poseen la tierra en el país. Antes de continuar también es importante mencionar que el 70% de la seguridad alimentaria que existe en Colombia depende de la agricultura familiar, es decir, pequeños campesinos, más no de los grandes terratenientes.
Estos números, que son un repaso rápido y superficial, nos muestran una realidad cruda y podemos entender el motivo por el cual, la guerra se ha centrado en su mayoría por la tenencia de la tierra, lo cual desarrolla otros problemas como la vivienda y la alimentación, entre muchas otras más.
Ahora bien ¿Qué tiene que ver todo esto con la reforma agraria que se está impulsando en el 2022 por el gobierno del Pacto Histórico?
Bien, como ya se ha podido leer al principio de este documento, se ha catalogado como histórico el acuerdo al cual llegaron el presidente de Colombia y FEDEGAN pero para cumplir con el proceso de restitución y repartición de tierras se necesita cumplir con una serie de pasos previos, como la apropiación por parte del estado de tierras que fueron usadas con fines de narcotráfico y ser entregadas a campesinos o comunidades de campesinos para su desarrollo agrícola e industrial. Este proceso ya se está llevando a cabo informó la actual ministra de agricultura Cecilia López.
Pero nada de esto tiene que ver con los ganaderos directamente, lo que si les incluye es el último paso de restitución de tierras que es el eje central del acuerdo entre el gobierno nacional y la federación de ganaderos, la cual es una organización de terratenientes con fuertes vínculos con paramilitares y narcotraficantes, cuyas tierras fueron conseguidas y compradas a precios absurdamente bajos o incluso de forma gratuita producto del desplazamiento y el asesinato de miles de campesinos y campesinas, legalizando documentos de propiedad y argumentando que desconocían la procedencia de la tierra, denominándose descaradamente como "Compradores de buena fé", en resumen, FEDEGAN está conformada por aquellos que son enemigos del obrero y del campesino.
El ambiente en el que se constituye el acuerdo es bastante hostil, debido a que mientras "el gobierno del cambio" se reúne con despojadores de tierra, amenaza con intervención militar a campesinos e indígenas que están exigiendo sus tierras en diferentes zonas del país, llamándoles invasores permitiendo así la criminalización de estas personas, dejándoles a merced de ataques violentos no solo de las fuerzas estatales, también de fuerzas paramilitares que han amenazado, incluso la misma organización de ganaderos ha lanzado mensajes de invitación a la defensa de la propiedad privada. Todo en complicidad y ante la mirada cómplice de un gobierno falsamente autoproclamado popular.
Pero ¿de qué va el acuerdo? Este se centra en que el gobierno nacional comprará una cantidad inicial de 3 millones de hectáreas a estos ganaderos para luego ser vendidas a los campesinos que deseen tener su tierra y trabajarla, es decir, el eje central de la tal reforma agraria se basa en pagarle por las tierras que estos terratenientes usurparon, para vendérselas a quienes se las despojaron, una reforma que beneficia a quienes han ejercido el control y la violencia históricamente, con la excusa de ayudar a los campesinos que han sido despojados de sus tierras, dicho en otras palabras, el campesino deberá comprarle sus tierras a quien se las ha robado violentamente.
Esto deja servida la base de un mercado nuevo en donde el estado colombiano actuará como intermediario en lo que se puede catalogar como un nuevo negocio inmobiliario de tráfico de tierras, por supuesto, como ya se ha expresado, siempre en beneficio de burgueses, terratenientes y despojadores, dejando así a merced de estos la decisión de que tierras vender y como se puedan lucrar, a pesar de que el acuerdo exprese que las tierras deben ser cultivables. Otro de los problemas que pueden surgir de este nuevo negocio, es que las tierras sean adquiridas no por el campesinado más pobre sino por campesinos adinerados o incluso, de nuevo por los mismos terratenientes, situación que ya se ha visto en Colombia (recordar el caso de agro ingreso seguro entre otros).
Es por eso por lo que la reforma agraria que se está impulsando no es de ninguna manera lo que necesita el campesinado, ni mucho menos es un suceso histórico. No es con terratenientes y burgueses que se hacen esos acuerdos, ellos no labran la tierra ni producen el alimento que consumimos los colombianos y las colombianas, esos acuerdos deben construirse con la gente que trabaja, con aquellos que han sido históricamente despojados, perseguidos y violentados, las tierras no se le compran a quienes se las robaron, las tierras se les entrega a quienes las trabajan y se les devuelve a quienes se las han robado, el desarrollo agrícola no se logra haciendo aún más ricos a terratenientes y ganaderos paramilitares, se logra con un programa de apoyo al campesino, fortaleciendo la soberanía y seguridad alimenticia en Colombia. Si quieren hacer de Colombia una potencia mundial de la vida, no se llega a acuerdos con aquellos que han destruido la vida en el país para su enriquecimiento obsceno y enfermizo.
Desde La Marx Colombia, hacemos la crítica al gobierno progresista capitalista del Pacto Histórico, dejando a la vista las contradicciones de sus proyectos y lo contraproducente de sus objetivos para las mayorías del país, gentes trabajadoras que con su sudor sostienen a estos burgueses que se reparten a gusto el destino de nuestras vidas. Invitamos a reflexionar y analizar de forma crítica todos los procesos políticos y entender que bajo el capitalismo será imposible superar las necesidades de todas y todos.